El modelo de prisión existente en Salto del Negro corresponde a la vieja concepción reaccionaria de "almacén de presos". Los más de 1.200 presos de esta cárcel se hacinan en unas instalaciones diseñadas para alma-cenar a 700.Por si esto fuera poco, se crea el problema añadido de que a los presos canarios se les dispersa por España, mientras que a los presos españoles se les mantiene aquí. En uno y otro caso, el Estado viola flagrantemente sus propias leyes, incumpliendo el principio de cercanía al entorno social y familiar. Con el agravante de que no es lo mismo ir de Burgos a visitar a un familiar preso en Teruel, que ir desde Canarias. Peor aún si tenemos en cuenta que quienes llenan las prisiones provienen de las familias más pobres.
El argumento de que a los presos canarios se les dispersa porque ya han sido sentenciados, mientras que los españoles están a la espera de juicio, no es de recibo. Primero, porque no se dan las cifras de unos ni de otros. Y, segundo, porque estén en la prisión que estén, los presos siempre pueden ser trasladados para el juicio.
Aún así, y si diéramos por buena la solución de construir una cárcel del mismo tipo, pero más grande, aparecen algunos interrogantes de difícil solución.
Por ejemplo, las dimensiones de la macrocárcel. ¿Para qué una prisión de 4.000 plazas si en Gran Canaria hay poco más de 1.200 presos y en toda Canarias 3.300? ¿Responde ese volumen a hacer más cuantiosa la licitación del proyecto, o a otras previsiones que no se explicitan?
Otrosí: ¿por que no se amplía la cárcel de Salto del Negro? ¿O por qué no se construye la macrocárcel en los amplísimos terrenos anexos a Salto del Negro? De seguro que entonces no habría discusión sobre la ubicación.
Casualmente, Salto del Negro tiene unos magníficos terrenos, situados junto a Tafira Alta -lo más de lo más en zona residencial de lujo-. Unos terrenos que cuentan además con la ventaja de estar orientados hacia el mar con unas vistas magníficas. Si encima desaparece la actual cárcel, quién construya allí se hace de oro.
Es cierto que son inadmisibles argumentos puramente reaccionarios acerca de que la macrocárcel traerá más delincuencia a Juan Grande o que los presos van a salir directamente por la puerta a violar a las mujeres de la zona. No dejan de ser expresiones reaccionarias de desprecio a la parte más marginada de nuestro propio pueblo.
Pero eso no puede esconder lo que no es sino una imposición del ordeno y mando español contra la voluntad del pueblo. Y una cobardía -todo hay que decirlo- de los jerifaltes autonómicos y municipales frente al trágala colonialista.
Frente a los intereses no aclarados para la construcción de esta cárcel -respaldados por la violencia coercitiva del Estado-, la lucha contra la construcción de la macrocárcel es una apuesta por la dignidad de las canarias y los canarios.
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