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sábado, 4 de octubre de 2014

La fuerza de la ley

A poco que lo pensemos, las leyes no son ni verdades reveladas ni la materialización escrita de derechos inalienables. Por el contrario, no son sino la expresión, en el ámbito del Estado, de la correlación de fuerzas en un momento dado. Y eso es así desde la constitución española, “consensuada” con los cañones de la División Acorazada Brunete apuntando nuestras nucas, hasta los más humildes derechos laborales, cercenados por PP y PSOE a medida que la clase obrera se desmovilizaba y las centrales sindicales se vendían por un plato de lentejas –o de langostinos–.

Toda la retórica sobre respetar el “Estado de Derecho” no es más que la propaganda de los dominadores para que los dominados se resignen. En primer lugar, porque todo Estado –incluidos los fascistas– son “Estados de Derecho”, con su propia legalidad, por muy arbitraria y tiránica que sea. Pero, sobre todo, porque enmascara la propia naturaleza del Estado, como aparato de dominación de una clase sobre otras.

Y tal naturaleza del Estado no es más que la de la violencia organizada en régimen de monopolio (ejército, jueces, policías, cárceles, etc.). Ninguna ley se sostendría sin el respaldo de esa violencia, sin la aplicación de esa fuerza imperativa e incontestable. La “fuerza de la ley” no es otra cosa que la violencia del Estado. Y si, llegado el caso, resulta necesario para garantizar el poder omnímodo de la clase dominante, se saltan todas las leyes y se aplica directamente la fuerza bruta, como tan bien sabemos –o deberíamos saber– en el Estado español.

Claro que ése es siempre el último recurso. Prefieren dominarnos con el menor esfuerzo. Adoctrinándonos en obedecer a toda costa sus leyes, y en que si queremos cambiarlas debemos hacerlo siguiendo los propios “cauces legales”. Esto es: la oligarquía controla todos los medios de comunicación. Financia las campañas electorales de los partidos que le son afines. Después estos partidos dictan leyes totalmente favorables a los intereses oligárquicos. Y los demás debemos acatarlas porque son “democráticas”. Y si no, palo y tentetieso.

Por lo tanto, la cuestión no son las leyes, sino la fuerza –económica, ideológica, militar–. Es la fuerza lo que impone las leyes, y no al revés. Todas las estrategias políticas “pacíficas” que no tengan esto en cuenta, están condenadas a la derrota. A la hora de la verdad, lo decisivo no es tener la razón o la mayoría, sino tener la fuerza de nuestro lado. Dicho sea esto para los catalanes -¿cuántos tanques tiene la Generalitat?–, y para todos los demás.

Para no perder la perspectiva. O sea.

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