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jueves, 23 de octubre de 2008

Canarias, el mar y el petróleo

Archipiélago es la denomina-ción que daban los antiguos griegos al Mar Egeo y a todas sus islas, y significa literal-mente "mar principal" (de arkhi [principal] y pelagos [mar]). Se comprende así que para cualquier archipiélago el mar sea un componente esencial de su territorio y de su forma de vida.

Canarias, al no ser un archipiélago-Estado, sino un territorio bajo soberanía de otro Estado, y según la Convención del Mar de 1982, celebrada en Montego Bay (Jamaica) y ratificada por el Reino de España, no tiene derecho a establecer las aguas interiores al perímetro archipielágico ni, mucho menos, a fijar la zona económica exclusiva (que quedó establecida en 200 millas náuticas, pudiéndose ampliar hasta las 350 a partir de enero de 2005).

Cuando esa demarcación tropieza con aguas soberanas de otro país, se traza la mediana entre ambas. Por ejemplo, dado que la distancia más corta entre nosotros y la costa continental africana hay 96 kilómetros, las aguas territoriales de ambos llegarían, en ese punto, hasta los 46 kilómetros.

España, como estado parte firmante del tratado, puede establecer su zona económica exclusiva desde su costa continental, pero no desde el territorio insular canario, por lo que solamente se le reconoce internacionalmente soberanía sobre las doce millas alrededor de cada isla. Evidentemente, tampoco puede fijar la mediana con Marruecos.

Esto significa que, cuando vamos de Gran Canaria a Tenerife o viceversa, atravesamos aguas internacionales. Unas aguas que cabe entender dentro de la zona económica exclusiva marroquí (que llegaría hasta la Gomera).

Hasta ahora la cosa sólo había afectado a la explotación del banco pesquero canario-saharaui, administrado por Marruecos. Por la dejación de España. Y por la inhibición de una Secretaría General de la ONU plegada por completo a las directrices de Washington –y a su estrategia de apoyo a la tiranía alauita–.

Sin embargo, por vez primera en quinientos años, aparece una riqueza natural de importancia en nuestras costas: una enorme bolsa de petróleo en el triángulo Canarias-Sahara-Mauritania. Dado nuestro estatus de colonia, no tenemos competencias para la explotación ni del banco-pesquero ni del petróleo. Ni siquiera para dictar normativas de explotación que reduzcan su impacto ambiental (y, desde el punto de vista del derecho internacional, tampoco España).

Como tantas otras veces en la historia, asistimos como meros espectadores al saqueo de nuestras riquezas. Y si en algo como el turismo la parte del león se la llevan las multinacionales touroperadoras –a las que poco importa el destrozo de nuestro entorno–, podemos imaginar lo que va a ser el saqueo por parte de las multinacionales petroleras.

En definitiva, que el petróleo canario no puede ser explotado por los canarios salvo que seamos un país independiente.

Cierto es que, haciendo una interpretación forzada, se podría interpretar la Convención del Mar favorablemente a Canarias porque, en su artículo 305, apartado e), afirma que puede ser suscrita por "todos los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas, pero no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la resolución 1514 de la Asamblea General [territorios en proceso de descolonización], y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la de celebrar tratados en relación con ellas".

Para ello la ONU tendría que reconocernos como archipiélago con plena autonomía interna, en fase de descolonización. Y España tendría que reformar su Constitución cediendo a Canarias todas las competencias sobre sus aguas territoriales, incluso la de suscribir tratados internacionales. Es decir, que Canarias iniciara definitivamente su proceso de descolonización e independencia.

Mientras eso no pase, el petróleo canario podrá ser saqueado y aquí no quedará ni un euro. Eso sí, nos dejarán los vertidos.


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